Contexto y antecedentes del caso

La controversia surgió a raíz de la solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el retraso en el pago de cesantías parciales realizadas por una docente oficial. La Secretaría de Educación del Putumayo reconoció la prestación mediante resolución, pero el pago se efectuó con retraso. Ante la falta de respuesta o negación del reconocimiento de la sanción moratoria por parte de la Fiduciaria administradora y el departamento, la docente interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

Decisión de primera instancia y recurso de apelación

El juzgado administrativo de primera instancia declaró la nulidad de los actos administrativos negativos fictos y condenó al departamento del Putumayo a pagar un día de salario por cada día de demora, en este caso seis días, conforme a la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006. Denegó otras pretensiones y no impuso costas. Inconforme, el departamento del Putumayo apeló argumentando la inaplicabilidad del artículo 324 de la Ley 2294 de 2023, que asigna la responsabilidad del pago al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y alegando falta de legitimación en la causa por pasiva.

Análisis y fallo del Tribunal Administrativo del Putumayo

El Tribunal recordó que la solicitud de sanción moratoria fue presentada antes de la entrada en vigor de la Ley 2294 de 2023, por lo que debe aplicarse la Ley 1955 de 2019. Esta última asigna responsabilidad en el pago a las entidades territoriales cuando la demora sea atribuible a su gestión. El Tribunal encontró probado que la Secretaría de Educación incurrió en mora injustificada en la expedición...