Antecedentes del caso y marco normativo

El caso se originó a partir de una demanda presentada contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), por el reconocimiento y pago de una sanción moratoria derivada del retraso en el pago de las cesantías definitivas de un docente oficial. La solicitud inicial para el reconocimiento y pago de cesantías fue radicada el 21 de marzo de 2019, siendo reconocida mediante resolución el 21 de mayo de 2019 y cancelada el 30 de julio de 2019. Posteriormente, el 8 de abril de 2022, se solicitó el pago de la sanción moratoria sin recibir respuesta. El marco jurídico relevante incluye la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, que establece los términos y condiciones para el pago de cesantías y la sanción moratoria para servidores públicos. Además, la jurisprudencia del Consejo de Estado, especialmente la sentencia de unificación SUJ-012-S2 de 2018, ha confirmado la aplicabilidad de esta sanción a los docentes oficiales, reconociéndolos como servidores públicos sujetos a dicho régimen.

Decisión judicial y análisis de la mora

El Tribunal Administrativo del Putumayo revisó el cálculo del período de mora, concluyendo que fue de 21 días, comprendidos entre el 9 y el 29 de julio de 2019. Esto se basa en la interpretación de los plazos legales para el reconocimiento, ejecutoria y pago de cesantías, que suman un total de 70 días hábiles desde la presentación de la solicitud. Dado que el pago efectivo se realizó fuera de este término, se configuró el retraso que...