Contexto y antecedentes del caso

La decisión judicial se originó a partir de una demanda contra el Ministerio de Educación Nacional y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), cuestionando la negativa al reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006, debido a un retraso en el pago de cesantías parciales de un docente. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa inicialmente declaró nulo el acto administrativo por silencio negativo y condenó al Ministerio de Educación y al FOMAG al pago correspondiente.

Argumentos de las partes y postura del tribunal

El Ministerio de Educación alegó falta de legitimación por parte del FOMAG y atribuyó la responsabilidad al Departamento del Putumayo, argumentando que la mora en el pago se originó por retrasos en la expedición del acto administrativo por parte de la entidad territorial. Además, señaló que el FOMAG no puede asumir indemnizaciones económicas según la Ley 1955 de 2019. Por su parte, el Departamento del Putumayo sostuvo que no era responsable por no haber proferido el acto administrativo cuestionado. Tras analizar los hechos y la normativa aplicable, el tribunal concluyó que el Departamento del Putumayo incumplió el término legal de 15 días hábiles para expedir el acto administrativo que reconocía las cesantías, generando un retraso de 13 días calendario. Además, la entidad territorial no aportó prueba sobre la fecha de remisión del acto a la fiduciaria responsable del pago, por lo que se tuvo por cierta la versión del apelante sobre la recepción tardía del documento.

Fundamentos jurídicos y decisión final

La sentencia explicó que los docentes oficiales están sujetos a un régimen especial regulado por la Ley 91 de 1989 y otras disposiciones, pero que la sanción moratoria por mora en el pago de cesantías, prevista en la Ley 244 de 1995 y modificada por la Ley 1071 de 2006, también les es aplicable conforme a jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Además, destacó que la Ley 1955 de 2019 asigna responsabilidad al departamento territorial para el pago de la sanción moratoria cuando la demora se origina en el incumplimiento de los plazos para la radicación o entrega de la solicitud al FOMAG, quien solo es responsable del pago de las cesantías. Por lo tanto, el tribunal modificó la sentencia inicial y condenó al Departamento del Putumayo a reconocer, liquidar y pagar la sanción moratoria correspondiente a los 13 días de demora, calculada con base en el salario básico vigente para el año 2020. Finalmente, se abstuvo de imponer condena en costas en esta instancia. La decisión evidencia la importancia de cumplir los plazos legales en los procesos administrativos para evitar sanciones y garantiza el derecho de los docentes a un pago oportuno de sus prestaciones sociales. Con esta sentencia, se reafirma la responsabilidad de las entidades territoriales en la gestión eficiente y oportuna de los recursos destinados a los educadores oficiales, asegurando así el respeto a sus derechos laborales y sociales.

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Tribunal Administrativo del Putumayo define responsabilidad por sanción moratoria en pago de cesantías docentes

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