Contexto del caso

El Tribunal conoció una acción de tutela presentada por la representante de la comunidad indígena Inga Musu Ñambi Kausai, quien denunció la falta de consulta previa en el marco del proyecto “Comunidades Rurales por los Bosques”, ejecutado por una fundación con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La comunidad, asentada en la Vereda Los Andes del municipio de Mocoa, manifestó que la ejecución del proyecto sin consulta previa ha generado afectaciones a sus derechos territoriales, culturales y ambientales, incluyendo la mortandad de peces en la cuenca hídrica y limitaciones al acceso a sitios ancestrales.

Desarrollo procesal y posiciones de las partes

El juzgado de primera instancia amparó los derechos fundamentales de la comunidad y ordenó la suspensión de las actividades del proyecto hasta la realización del proceso de consulta previa. El Ministerio del Interior y el PNUD impugnaron dicha decisión, alegando que no se había presentado solicitud formal de consulta previa por parte del ejecutor del proyecto y que la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP) no puede actuar de oficio. Además, el PNUD invocó su inmunidad como organismo internacional. Durante el trámite, se vinculó como terceros con interés a la autoridad municipal, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y otros actores relevantes. La Fundación encargada del proyecto no presentó informe en el proceso.

Fundamentos jurídicos y análisis

La Sala recordó que el derecho a la consulta previa es fundamental para las comunidades indígenas, consagrado en la Constitución y el Convenio 169 de la OIT, y regulado por la Directiva Presidencial No. 10 de 2013 y su modificación en 2020. Este derecho busca garantizar que las medidas administrativas que puedan afectarlas directamente sean consultadas oportunamente, preservando su identidad cultural y territorial. Se destacó que la consulta previa debe ser solicitada formalmente por el ejecutor del proyecto ante la DANCP, que es la entidad encargada de determinar su procedencia y coordinar el proceso. La Sala encontró acreditado que la comunidad indígena está asentada en el área de influencia del proyecto y que no se inició el proceso de consulta previa conforme a la normativa.

Decisión y efectos

El Tribunal modificó parcialmente la sentencia de primera instancia, ordenando que la Fundación encargada del proyecto, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la notificación, realice la solicitud formal y aporte la documentación necesaria para que la DANCP pueda iniciar el proceso de consulta previa. Una vez cumplido esto, la autoridad deberá realizar las etapas establecidas en la Directiva Presidencial, garantizando el derecho fundamental de la comunidad. Se confirmó en lo demás la sentencia de primera instancia que amparó los derechos de la comunidad, y se exhortó a las autoridades locales y organismos vinculados a brindar acompañamiento y protección en el marco del proceso.

Implicaciones

Esta decisión reafirma la importancia del respeto al derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas en proyectos que puedan afectar sus territorios y formas de vida. Además, subraya la obligación de los ejecutores de proyectos de tramitar formalmente este proceso ante la autoridad competente, para evitar vulneraciones y conflictos sociales. El fallo tiene efectos inmediatos y obliga a suspender actividades del proyecto hasta la realización efectiva de la consulta previa, promoviendo un diálogo respetuoso y la participación activa de la comunidad indígena afectada. Este caso es un referente clave para la protección de derechos étnicos y ambientales en Colombia, recordando que la consulta previa es un requisito indispensable para la legitimidad y viabilidad de proyectos en territorios indígenas. Con esta decisión, el Tribunal administrativo del Putumayo fortalece los mecanismos de participación y protección de las comunidades originarias, contribuyendo a la construcción de procesos más inclusivos y respetuosos del medio ambiente y la diversidad cultural.

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Tribunal administrativo del Putumayo ordena proceso de consulta previa para proyecto ambiental en comunidad indígena

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