Contexto del caso

Una persona víctima de un accidente de tránsito en enero de 2023, amparada por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) de la aseguradora La Previsora S.A., solicitó la calificación de su pérdida de capacidad laboral. Tras recibir un dictamen inicial que determinó un porcentaje del 0% de pérdida de capacidad, interpuso recurso de apelación para que la Junta Regional de Calificación de Invalidez revisara el caso. La aseguradora se negó a tramitar dicho recurso y a asumir el pago de los honorarios de la Junta, señalando que la víctima podría acudir por cuenta propia a la entidad competente para una nueva valoración. La accionante presentó acción de tutela alegando vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, salud, dignidad humana y al principio de doble instancia.

Fundamentos jurídicos

El Tribunal recordó que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario para proteger derechos fundamentales, procediendo cuando no existen otros medios judiciales idóneos o cuando su demora genera un perjuicio irremediable. Además, destacó que la calificación de pérdida de capacidad laboral es un derecho fundamental que permite acceder a garantías como la salud, la seguridad social y el mínimo vital, y que la negativa o demora injustificada en este trámite vulnera dichos derechos. Según el artículo 41 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 142 del Decreto Ley 19 de 2012, las compañías de seguros que asumen el riesgo de invalidez y muerte, como es el caso de las responsables del SOAT, tienen la obligación de realizar en primera instancia el dictamen de pérdida de capacidad laboral...