Contexto del proceso

La acción de tutela fue presentada para proteger los derechos fundamentales al mínimo vital, la seguridad social y la vida digna, solicitando el reconocimiento y pago de la pensión de vejez bajo el régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 758 de 1990. Se pidió también la aplicación de la prescripción trienal para el reconocimiento pensional desde 2018, el pago retroactivo de mesadas y la actualización monetaria de los valores adeudados. Además, se requirió que Colpensiones y el empleador adelanten gestiones para el cobro de aportes omitidos.

Hechos probados y argumentos de las partes

El demandante está afiliado a Colpensiones desde 1986 y tiene una clasificación socioeconómica indicativa de pobreza extrema. Sin embargo, los registros laborales y certificaciones oficiales indicaron que solo se acreditaron aproximadamente 309 semanas cotizadas, cifra inferior al mínimo requerido para acceder a la pensión de vejez bajo la normativa vigente. La empresa empleadora reconoció períodos laborales distintos a los reportados por el demandante y no encontró evidencia de cotizaciones para algunos períodos solicitados. Colpensiones negó el reconocimiento de la pensión argumentando que no se cumplió con el número mínimo de semanas cotizadas y que el demandante ya recibió una indemnización sustitutiva. La entidad también señaló que no se agotaron los recursos administrativos contra dicha decisión.

Decisión judicial y fundamentos

El Juzgado Administrativo de primera instancia tuteló el derecho fundamental de petición, ordenando a Colpensiones y al empleador actuar coordinadamente para obtener o informar sobre los soportes de cotización correspondientes a los períodos en disputa, evitando trabas administrativas. Sin embargo, la solicitud de reconocimiento y...