Objetivo y ámbito del proyecto de ley

El Proyecto de Ley número 37 de 2024 tiene como propósito principal darle celeridad y eficiencia a los procesos de búsqueda de personas desaparecidas en Colombia, especialmente en el contexto del conflicto armado. Se dirige al ámbito social y humanitario, buscando proteger los derechos de las víctimas y sus familiares, mediante la mejora de las condiciones operativas y administrativas de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de discusión en la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado, con ponencia favorable para su primer debate. Tras la aprobación en comisión, el proyecto continuará su trámite en plenaria y, eventualmente, podría avanzar hacia la conciliación y sanción presidencial. Durante el debate se han planteado proposiciones para perfeccionar aspectos puntuales del texto.

Contexto y problemática que aborda la iniciativa

Colombia enfrenta una tragedia humanitaria con más de 124.000 personas desaparecidas asociadas al conflicto armado, cifra que podría ser incluso mayor según estimaciones. La Unidad de Búsqueda, creada en el marco de los Acuerdos de Paz de 2016, tiene la misión de localizar y entregar los cuerpos de estas personas a sus familias, cerrando así ciclos de dolor y sufrimiento. Sin embargo, la Unidad ha enfrentado grandes obstáculos operativos y administrativos que han ralentizado su trabajo. La complejidad del régimen de contratación pública, el régimen especial de nombramiento de su personal y la falta de colaboración efectiva con autoridades territoriales han dificultado la protección de sitios de interés forense y la realización expedita de acciones de campo. Esta situación prolonga el estado de incertidumbre y vulnerabilidad para miles de familiares y comunidades.

Contenido clave del proyecto de ley

El proyecto propone modificaciones al Decreto Ley 589 de 2017 para: - Establecer un régimen especial de administración de personal para la Unidad, considerando la naturaleza de libre nombramiento y remoción necesaria para la confidencialidad y confianza en este tipo de funciones. - Cambiar el régimen contractual de la Unidad al derecho privado, para agilizar procesos de contratación y evitar demoras propias del régimen público, facilitando la adquisición de maquinaria, servicios y recursos necesarios para las labores de búsqueda. - Fortalecer la colaboración armónica entre la Unidad y las autoridades municipales y departamentales, permitiendo que la Unidad pueda requerir a estas entidades la adopción de medidas administrativas, presupuestales, de infraestructura y de seguridad para proteger los sitios de interés forense. - Facilitar el acceso a sitios con baja expectativa razonable de intimidad, agilizando las labores de prospección y búsqueda en espacios abiertos o abandonados, sin que sea necesaria autorización judicial. - Actualizar la composición y duración del mandato del consejo asesor de la Unidad, extendiendo el periodo de los delegados de organizaciones de víctimas de uno a cuatro años, e incorporando recomendaciones para asegurar la perspectiva de género y enfoque diferencial étnico. - Sustituir términos técnicos que puedan afectar la sensibilidad de las víctimas por expresiones más respetuosas, como cambiar "cadáver" o "restos óseos" por "cuerpos". - Aplicar sanciones previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) a funcionarios y particulares que incumplan con sus obligaciones de colaboración con la Unidad.

Impacto potencial en la sociedad y la institucionalidad

Si se convierte en ley, esta norma podría generar un impacto significativo en la eficacia de la búsqueda de personas desaparecidas, acortando los tiempos para la recuperación de cuerpos o información relevante. Esto contribuiría a mitigar el sufrimiento de miles de familias que aún esperan respuestas y promovería la reparación integral y la garantía de derechos fundamentales. El cambio hacia un régimen contractual privado y un régimen especial de personal permitiría mayor agilidad administrativa, aunque genera preocupación sobre el control y transparencia en el uso de recursos públicos. La posibilidad de requerir colaboración efectiva a autoridades territoriales puede fortalecer la protección de sitios de interés, aunque también puede generar tensiones en materia de autonomía territorial. Asimismo, la actualización del consejo asesor y el reconocimiento del enfoque diferencial y de género reflejan un avance en la inclusión y participación de las víctimas en las decisiones estratégicas de la Unidad.

Debate y posiciones en el Congreso

Durante la discusión en comisión, varios senadores manifestaron apoyo a la iniciativa por su carácter humanitario y la necesidad urgente de acelerar la búsqueda de desaparecidos. Se resaltó la labor de la Unidad y la importancia de dotarla de herramientas efectivas para cumplir su mandato. No obstante, se expresaron inquietudes sobre algunos aspectos del proyecto: - El cambio al régimen contractual privado fue considerado inusual para una entidad pública, y se solicitó que se mantengan controles rigurosos para evitar la burocracia y garantizar el uso eficiente de los recursos. - La facultad de la Unidad para requerir a alcaldes y gobernadores la adopción de medidas administrativas y presupuestales fue vista por algunos congresistas como una posible violación a la autonomía territorial, generando preocupación por la imposición de sanciones económicas elevadas a funcionarios locales en caso de incumplimiento. - Se insistió en que el apoyo de la fuerza pública para protección y acceso a sitios de búsqueda debe mantenerse, pero con la cautela necesaria para preservar el carácter humanitario y extrajudicial de la Unidad, evitando que el acompañamiento militar o policial afecte la confianza en las comunidades. - Se pidió claridad en el régimen sancionatorio para que no se impongan multas excesivas o desproporcionadas a funcionarios públicos por simples incumplimientos formales, garantizando el debido proceso y la proporcionalidad. - Se destacó la necesidad de mejorar la redacción del proyecto para evitar ambigüedades y conflictos legales posteriores, proponiéndose aplazar la votación de algunos artículos para perfeccionar su texto en la plenaria.

Comparación internacional y relevancia

Colombia se encuentra entre los países con mayor número de personas desaparecidas en el mundo debido a conflictos armados internos. La Unidad de Búsqueda es una institución pionera en América Latina en materia de mecanismos humanitarios extrajudiciales para localizar desaparecidos. El proyecto se alinea con estándares internacionales de derechos humanos que exigen la búsqueda diligente y efectiva de personas desaparecidas, la protección de sus derechos y el acceso a la verdad para las víctimas y la sociedad. Las modificaciones propuestas buscan superar obstáculos burocráticos y operativos que han sido señalados como comunes en otros países con situaciones similares, aportando una experiencia valiosa para fortalecer la institucionalidad y garantizar el cumplimiento de obligaciones estatales en esta materia.

Conclusión

El Proyecto de Ley número 37 de 2024 constituye un esfuerzo legislativo significativo para mejorar la capacidad institucional de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, en un contexto de enorme demanda humanitaria y social. Su aprobación puede representar un avance decisivo para la reparación de víctimas y la consolidación de la paz. Sin embargo, el debate ha evidenciado la complejidad de conciliar la agilidad administrativa con el respeto a principios constitucionales como la autonomía territorial, la transparencia en el manejo de recursos públicos y la protección de derechos fundamentales en tensión. La discusión parlamentaria continúa abierta, con propuestas para perfeccionar la redacción y garantizar un equilibrio adecuado entre la eficacia operativa y las garantías legales. La sociedad civil, las víctimas y los expertos seguirán atentos al desarrollo de este proceso legislativo que tiene un impacto directo en la memoria, la justicia y la reconciliación nacional.