Antecedentes del caso

Una persona recluida en una estación de policía promovió acción de hábeas corpus contra el juzgado de control de garantías que ordenó su medida de aseguramiento, argumentando que se había vulnerado su derecho a la libertad por la presunta prolongación indebida de su detención. La solicitud se basó en que habían transcurrido más de 60 días desde la audiencia de imputación sin que se formulara el escrito de acusación, según lo previsto en el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal. Los hechos se relacionan con un doble homicidio ocurrido en un establecimiento comercial, por el cual el acusado fue capturado y posteriormente imputado por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas, medida que fue legalizada por la autoridad judicial competente.

Trámite y decisiones previas

El juzgado de control de garantías negó la solicitud de vencimiento de términos, al considerar que tratándose de un concurso de delitos el plazo para presentar la acusación era de 120 días, plazo que no se había vencido. Esta decisión fue confirmada en apelación, ya que para la fecha de la audiencia de segunda instancia el ente acusador había presentado el escrito de acusación, eliminando el fundamento para la liberación. El tribunal administrativo de primera instancia también negó el hábeas corpus, considerando que la detención no era arbitraria ni ilegal, dado que el escrito de acusación se presentó oportunamente.

Consideraciones jurídicas

El Consejo de Estado recordó que el hábeas corpus es un mecanismo constitucional destinado a proteger el derecho fundamental a la libertad cuando esta se prive ilegalmente o se prolongue indebidamente. Sin embargo, no sustituye...