El Consejo de Estado, a través de su Sala de lo Contencioso-Administrativo, admitió una acción de tutela en contra de la Comisión Escrutadora General de Antioquia, presentada por un ciudadano interesado en la protección de sus derechos fundamentales al voto, a la igualdad, al debido proceso y a la participación política. La tutela se originó tras la calificación como “votos no marcados” de sufragios emitidos en las elecciones atípicas del 6 de abril de 2025.

Solicitud de medida provisional y decisión del Consejo de Estado

El solicitante requirió una medida provisional para que se dejara sin efecto la resolución de la Comisión Escrutadora y la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia que respaldaba dicha calificación de votos. Sin embargo, el Consejo de Estado negó esta solicitud, argumentando que acceder a ella implicaría suspender los efectos de decisiones administrativas y judiciales sin un análisis de fondo, y sin que se evidenciara un perjuicio irremediable para los derechos fundamentales que no pudiera esperar el trámite ordinario de la acción de tutela.

Fundamentos legales y procedimiento

El fallo se basó en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, que regula las medidas provisionales en acciones de tutela, estableciendo que el juez podrá suspender la aplicación del acto que amenaza o vulnera un derecho fundamental solo cuando sea necesario y urgente, tomando en cuenta también el interés público. En este caso, la Sala consideró que no existían razones suficientes para suspender la resolución impugnada.

Próximos pasos y vinculaciones procesales

El Consejo de Estado vinculó como accionado al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, y como terceros interesados a diversas autoridades administrativas y judiciales relacionadas con el proceso electoral. Se notificó a las partes involucradas para que ejerzan su derecho de defensa en un plazo de dos días hábiles. Esta decisión reafirma la importancia del debido proceso y la protección de los derechos electorales, garantizando que la revisión de las decisiones administrativas y judiciales se realice mediante el procedimiento legal correspondiente. La acción de tutela continúa su trámite para resolver el fondo del asunto. En resumen, aunque se admitió la tutela para proteger los derechos fundamentales en el contexto electoral, el Consejo de Estado consideró que la suspensión inmediata de las decisiones cuestionadas no era procedente en esta etapa procesal, permitiendo así que el proceso continúe conforme a los cauces legales establecidos.