La acción de tutela fue presentada por una magistrada retirada del Tribunal Superior Militar, quien buscaba la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana y al acceso a la administración de justicia. La controversia surgió tras la negativa a incluir ciertos factores salariales —como la bonificación por gestión judicial y la prima especial de servicios— en la liquidación de la indemnización por disminución de capacidad laboral reconocida por el Ministerio de Defensa.

Decisiones judiciales previas y fundamento legal

El proceso judicial ordinario, que incluyó sentencias del Tribunal Administrativo y del Consejo de Estado en su calidad de órgano de cierre, confirmó la decisión inicial de negar estas pretensiones, fundamentándose en la aplicación del artículo 155 del Decreto 1211 de 1990, norma que regula incapacidades en servicio activo y no la aplicable al caso concreto, que sería el Decreto 094 de 1989.

Análisis de la tutela y requisitos para su procedencia

Al analizar la tutela, la Sala destacó que para que esta proceda contra providencias judiciales es necesario cumplir requisitos estrictos, incluyendo la subsidiariedad y la relevancia constitucional. En este caso, el tribunal concluyó que la acción no superó el requisito de subsidiariedad, ya que la vía idónea para impugnar la supuesta violación al principio de congruencia es el recurso extraordinario de revisión. Asimismo, la Sala señaló que no se acreditó la relevancia constitucional, pues la acción pretendía reabrir un debate ya resuelto en la instancia ordinaria, lo que no está permitido en esta vía constitucional.

Conclusión y alcance del fallo

En conclusión, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado...