Antecedentes del caso

El incidente de desacato se originó tras una acción de tutela interpuesta por representantes de una asociación de víctimas desplazadas por el conflicto armado de la vereda Villa Oliva, municipio de San Martín. En febrero de 2025, el Consejo de Estado amparó sus derechos fundamentales al debido proceso y de petición, ordenando a la Presidencia de la República resolver una solicitud presentada en diciembre de 2024 y aclarar en su sitio web las características técnicas del correo electrónico para la recepción de solicitudes.

Cumplimiento parcial y apertura del incidente de desacato

A pesar de que la Presidencia remitió una respuesta a los accionantes, no acreditó la notificación efectiva de dicha respuesta. Esta falta de constancia impide confirmar el cumplimiento total de la orden judicial. Por esta razón, el Consejo de Estado determinó procedente iniciar el incidente de desacato conforme a lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, que regula las consecuencias del incumplimiento de fallos de tutela.

Implicaciones jurídicas y procedimiento

El Decreto 2591 de 1991 prevé sanciones que pueden incluir arresto y multas para quienes incumplen órdenes judiciales emitidas en procesos de tutela. Además, el juez competente debe verificar el cumplimiento y, en caso de incumplimiento, requerir al superior del responsable para que haga cumplir la sentencia y abra el procedimiento disciplinario correspondiente. De persistir la negativa, se pueden imponer sanciones por desacato. En este caso, el Consejo de Estado notificó a la Presidencia de la República para que ejerza su derecho de defensa en un término de tres días. Durante este tiempo, se suspenden los términos del incidente de desacato...