La Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado analizó una acción de tutela interpuesta contra el Tribunal Administrativo de Sucre y otra entidad, relacionada con un proceso de reparación directa por desplazamiento forzado ocurrido en 1997 en el municipio de Ovejas. El tribunal de primera instancia consideró que la prueba presentada —entre la cual se incluían declaraciones para inscripción en el Registro Único de Víctimas (RUV), registros del Sisbén y testimonios— no era suficiente para demostrar el daño ni su imputación, ni las circunstancias de tiempo, modo y lugar en ...