Contexto del caso y decisiones previas

El caso se origina por una masacre ocurrida en 1997 en un corregimiento del municipio de Ovejas, Sucre, que generó desplazamiento forzado de sus habitantes. Varias personas afectadas presentaron demanda de reparación directa contra diversas entidades estatales, pero tanto el Juzgado Primero Administrativo de Sincelejo como el Tribunal Administrativo de Sucre emitieron sentencias que negaron sus pretensiones, declararon excepciones procesales como caducidad y falta de legitimación en la causa por activa, fundamentándose en la insuficiencia de pruebas para acreditar la condición de víctimas desplazadas. Ante ello, se presentó una acción de tutela solicitando la protección del derecho fundamental al debido proceso, argumentando defectos fácticos en la valoración probatoria y desconocimiento del precedente constitucional que flexibiliza los estándares probatorios para víctimas de desplazamiento forzado. La tutela fue inicialmente admitida para un grupo determinado de demandantes, y la Sala Plena del Consejo de Estado asumió competencia para su conocimiento.

Análisis de la Sala sobre la procedencia y mérito de la tutela

La Sala recordó los requisitos especiales y excepcionales para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, tales como la inmediatez, relevancia constitucional y que no se trate de una instancia adicional ni búsqueda de reabrir debates ya definidos. En este caso, se concluyó que la acción cumple con dichos requisitos al evidenciar una presunta vulneración al derecho al debido proceso relacionada con la valoración de pruebas en un contexto de especial protección constitucional. Respecto al defecto fáctico, la Sala identificó que el Tribunal Administrativo de Sucre realizó una valoración irracional y arbitraria de la prueba aportada, especialmente en la...