Antecedentes del caso

La acción de tutela fue presentada contra la Presidencia de la República por presunta vulneración del derecho a la información debido a la transmisión de los consejos de ministros a través de canales privados de televisión. En primera instancia, el Consejo de Estado admitió la tutela, vinculó a la Presidencia como demandada y a varios canales de televisión como terceros interesados. La sentencia ordenó que dichas transmisiones no se realizaran por canales privados, regionales ni comunitarios de televisión abierta. Posteriormente, la Presidencia de la República solicitó la nulidad del proceso alegando falta de notificación directa al Presidente, argumentando que este es un sujeto procesal distinto de la entidad administrativa que representa. La CRC también solicitó nulidad por no haber sido notificada formalmente, aduciendo falta de garantías en el debido proceso.

Análisis de las solicitudes de nulidad

El Consejo de Estado recordó que, aunque el Presidente de la República y la Presidencia son sujetos jurídicos distintos, la representación judicial del primero la ostenta la Secretaría Jurídica de la Presidencia, conforme al Decreto 245 de 2019 y resoluciones internas. Por ello, la notificación a la Secretaría Jurídica fue suficiente para garantizar el derecho a la defensa y contradicción del Presidente. Respecto a la CRC, aunque no fue formalmente vinculada en el auto admisorio, intervino oportunamente en el proceso y su informe fue tenido en cuenta en la sentencia. Su rol como amicus curiae permitió la garantía efectiva del derecho de defensa, por lo que no se configuró causal de nulidad. Otros solicitantes que no actuaron como parte ni terceros con interés carecieron de legitimación para...