El Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso Administrativo, resolvió una acción de tutela presentada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. La tutela buscaba proteger los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad jurídica, cuestionando una sentencia que revocó un fallo anterior y declaró la nulidad parcial de un acto administrativo relacionado con la estabilidad laboral reforzada de una servidora pública.

Antecedentes del caso

La controversia se originó a partir de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada contra el ICBF, en la que se cuestionó la terminación del nombramiento provisional de una funcionaria que alegaba contar con estabilidad laboral reforzada debido a su condición de prepensionada. En primera instancia, el juzgado negó la demanda por considerar que la servidora no cumplía con los requisitos para tal estabilidad. Sin embargo, en segunda instancia, el tribunal revocó esa decisión y declaró la nulidad parcial del acto administrativo, ordenando el pago de salarios y prestaciones sociales.

Reclamos y sustento del ICBF

El ICBF interpuso la acción de tutela alegando defectos procedimentales y fácticos en la sentencia del tribunal, además de decisión sin motivación y desconocimiento del precedente judicial. En particular, argumentó que la prueba que acreditaba la condición de prepensionada fue incorporada tardíamente al proceso y que, en el momento de expedir el acto administrativo, no se contaba con los requisitos para otorgar la estabilidad laboral reforzada.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala recordó que la acción...