La Sala Quinta del Consejo de Estado resolvió una acción de tutela interpuesta contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en la que se alegaba la vulneración del derecho fundamental al debido proceso en el trámite de una investigación disciplinaria contra un magistrado del Tribunal Superior de un distrito judicial.

Antecedentes del caso

El proceso disciplinario fue iniciado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a partir de una queja presentada ante el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico. La investigación buscaba determinar si existía falta disciplinaria relacionada con la presunta demora en la tramitación de un recurso de apelación en un proceso laboral. La controversia surgió debido a la notificación del auto que ordenó la apertura de la investigación disciplinaria. Esta notificación se realizó vía correo electrónico institucional, el cual, según el accionante, no se encontraba habilitado ni en funcionamiento para la fecha correspondiente. Además, se efectuó una notificación por edicto.

Fundamentos y desarrollo del amparo

Quien interpuso la tutela alegó que la notificación fue defectuosa, afectando su derecho a la defensa y al debido proceso, pues no tuvo conocimiento oportuno de la investigación ni pudo participar plenamente en la etapa inicial del proceso disciplinario. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial sostuvo que las notificaciones se realizaron conforme a lo establecido en la Ley 734 de 2002 y el Decreto 806 de 2020, mediante correo institucional y, subsidiariamente, por edicto, cumpliendo con los requisitos legales. Además, destacó que el investigado presentó descargos y solicitó pruebas, evidenciando su participación en el proceso. El Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, vinculado como tercero con interés, manifestó...