Antecedentes del caso

El litigio se originó a partir de un proceso sancionatorio ambiental adelantado por la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas) contra una empresa del sector agroindustrial, por presuntas infracciones relacionadas con un incendio no autorizado y manejo inadecuado de residuos en predios ubicados en el municipio de Viterbo, Caldas. La autoridad ambiental impuso una multa por casi 46 millones de pesos, sanción que fue recurrida sin éxito. Posteriormente, la empresa inició un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que el juzgado de primera instancia accedió parcialmente a sus pretensiones, ordenando la revisión de la sanción y la devolución de valores pagados en exceso. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Caldas en segunda instancia revocó esta decisión y negó las pretensiones de la demanda, argumentando que no se probó la ausencia de dolo o culpa grave por parte de la empresa en los hechos ocurridos.

Solicitud y argumentos de la tutela

La empresa interpuso acción de tutela contra la providencia del Tribunal Administrativo de Caldas, alegando vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Señaló defectos en la valoración de pruebas, argumentando que el incendio pudo haber sido accidental o causado por terceros, y que su responsabilidad no incluía el manejo de residuos según el contrato con los propietarios de los predios. Además, reclamó que la revocatoria de la sentencia favorable de primera instancia constituía una defraudación de confianza legítima.

Análisis y decisión del Consejo de Estado

La Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo revisó la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, destacando...