La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en una decisión emitida el 30 de abril de 2025, resolvió remitir una acción de cumplimiento presentada contra el Congreso de la República al Tribunal Administrativo de Antioquia. La acción reclamaba el acatamiento de disposiciones constitucionales y legales relacionadas con la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y la responsabilidad del Presidente de la República en materia de financiación de campaña.

Antecedentes del caso

La acción fue presentada en nombre propio por un ciudadano que solicitó que se ordenara a la Comisión de Acusaciones acusar ante el Senado de la República al Presidente de la República por presuntas violaciones a los topes de financiación en su campaña presidencial.

Competencia para conocer la acción

El Consejo de Estado fundamentó su decisión en la normativa vigente, en particular el artículo 3° de la Ley 393 de 1997 y el numeral 14 del artículo 15 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Estas disposiciones establecen que las acciones dirigidas al cumplimiento de normas con fuerza de ley o acto administrativo deben ser conocidas en primera instancia por los jueces administrativos con competencia en el domicilio del accionante, y en segunda instancia por el tribunal contencioso administrativo correspondiente. Dado que la autoridad accionada es el Congreso de la República, un órgano del orden nacional, el Consejo de Estado concluyó que no tiene competencia para pronunciarse en primera instancia, y que corresponde al Tribunal Administrativo de Antioquia conocer el caso, pues el domicilio señalado para notificaciones está en Medellín.

Implicaciones y próximos pasos

Con esta decisión, el...