Contexto del caso

Un interno recluido en un establecimiento penitenciario presentó una acción pública de habeas corpus alegando prolongación injusta de su privación de libertad, argumentando haber cumplido la pena impuesta por sentencia judicial por un delito grave. La solicitud buscaba la libertad inmediata, alegando que el tiempo cumplido, sumado a la redención de pena, equivalía a la totalidad de la condena. El Tribunal Administrativo de la jurisdicción correspondiente declaró improcedente esta acción, dado que el interno ya había solicitado la libertad por pena cumplida ante el juez de ejecución de penas, quien negó dicha solicitud. Esta decisión se encuentra en trámite de notificaciones y es susceptible de los recursos ordinarios previstos en la ley.

Fundamentos jurídicos

El Consejo de Estado recordó que el habeas corpus es un derecho fundamental previsto en la Constitución Política y desarrollado por la Ley 1095 de 2006, destinado a proteger la libertad personal frente a privaciones ilegales o prolongaciones ilegales de la misma. Sin embargo, esta acción no es un mecanismo supletorio ni alternativo para sustituir los procedimientos judiciales ordinarios en materia penal. En el caso analizado, el habeas corpus no procedió porque la solicitud de libertad por cumplimiento de pena ya se había tramitado ante la autoridad competente y se encontraba en proceso de resolución. Utilizar el habeas corpus para impugnar decisiones judiciales en trámite vulneraría la competencia de los jueces de ejecución de penas.

Implicaciones y medidas adoptadas

El Consejo de Estado enfatizó la importancia de garantizar la notificación personal y efectiva de las providencias judiciales a los internos, especialmente en establecimientos penitenciarios, para asegurar el ejercicio del derecho...