Contexto del caso y actos administrativos acusados

El conflicto se originó tras la expropiación administrativa de un terreno ubicado en Bogotá, ordenada mediante dos resoluciones expedidas por la directora técnica de predios del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). La entidad fijó un precio indemnizatorio basado en un avalúo comercial elaborado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá, valor que el propietario consideró inferior al real, por lo que interpuso acción especial contencioso administrativa para obtener el reconocimiento de un valor más alto, incluyendo lucro cesante. El demandante cuestionó la notificación del acto administrativo de expropiación, la metodología y fundamento del avalúo presentado, y la indemnización ofrecida, señalando que esta no cubría el daño emergente ni el lucro cesante, afectando sus derechos constitucionales.

Marco normativo y procedimiento de expropiación administrativa

La expropiación administrativa en Colombia está regulada principalmente por la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1420 de 1998, que establecen las etapas del proceso: declaratoria de urgencia, oferta de compra, negociación, enajenación voluntaria y, finalmente, la decisión de expropiación. La ley exige que la indemnización sea justa, plena y previa, consultando los intereses tanto de la comunidad como del afectado, y que el avalúo comercial se realice conforme a métodos técnicos reconocidos y criterios objetivos. El avalúo debe ser elaborado por entidades autorizadas, como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o las lonjas de propiedad raíz, aplicando métodos como comparación de mercado, renta, costo de reposición o residual, y tomando en cuenta características físicas, jurídicas y urbanísticas del inmueble.

Análisis judicial y valoración de pruebas

El Tribunal Administrativo de primera instancia y la Sala del Consejo de Estado...