Antecedentes del caso

La empresa demandante fue sancionada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante dos resoluciones que impusieron una multa por cerca de 496 millones de pesos. La sanción se basó en el incumplimiento del artículo 27 de la Ley 143 de 1994, que obliga a las empresas generadoras térmicas a realizar contratos que aseguren el suministro de combustible a largo plazo, de manera oportuna y a precios económicos. La empresa había celebrado contratos bajo la modalidad interrumpible, que no garantizan la continuidad del suministro. La empresa interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho alegando violaciones a los principios de legalidad, tipicidad, antijuricidad y proporcionalidad, además de cuestionar la interpretación de la norma y la aplicación de la sanción.

Análisis jurídico y decisión de la Sala

La Sala Primera confirmó la sanción impuesta, señalando que: - El principio de legalidad y tipicidad en el derecho administrativo sancionador permiten cierta flexibilidad, siempre que la conducta sancionada esté descrita con claridad suficiente para que los sujetos conozcan las consecuencias de su incumplimiento. - El artículo 27 de la Ley 143 de 1994 impone a las empresas generadoras la obligación de garantizar el suministro de combustible a largo plazo y de forma oportuna, sin especificar el tipo exacto de contrato, aunque la modalidad interrumpible no cumple con este mandato al no garantizar continuidad. - La conducta de la empresa fue considerada antijurídica, pues puso en riesgo la prestación eficiente del servicio público esencial de gas combustible, aun cuando no se haya materializado un daño efectivo. - La Superintendencia valoró adecuadamente los criterios para dosificar la sanción, considerando la...