Antecedentes del caso

La acción de habeas corpus fue presentada en favor de una persona privada de la libertad, solicitando su liberación inmediata por haber cumplido la pena de 108 meses de prisión impuesta por el delito de hurto agravado y calificado. La defensa alegó una prolongación ilegal de la privación de libertad, cuestionando el cálculo del tiempo efectivamente cumplido y la revocación de la prisión domiciliaria otorgada anteriormente. Diversas autoridades judiciales intervinieron en el trámite, destacándose el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, que explicó el proceso de redención de la pena y afirmó que la privación de libertad se ajustó a la ley y la Constitución. Además, se señaló que el mecanismo adecuado para discutir la redención y la libertad condicional era a través de los recursos ordinarios previstos en el proceso penal.

Decisión y fundamentos jurídicos

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la acción de habeas corpus, fundamentando su decisión en que no se habían agotado los recursos ordinarios para controvertir las decisiones de los jueces de ejecución de penas que negaron la libertad. Se enfatizó que el habeas corpus no puede reemplazar los mecanismos legales internos ni intervenir como tercera instancia en asuntos penales. El Consejo de Estado, en segunda instancia, confirmó esta providencia, recordando que el habeas corpus es un instrumento excepcional para proteger el derecho fundamental a la libertad, cuyo ejercicio requiere agotar previamente los mecanismos procesales ordinarios. Además, se resaltó que el juez constitucional no puede entrar a valorar el fondo de las decisiones judiciales de ejecución de penas, salvo en casos de ilegalidad flagrante...