Antecedentes del caso

Se trata de una acción de cumplimiento promovida por una empresa de energía, que solicitó el cumplimiento de normas específicas de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para que se registre la terminación unilateral de un contrato de suministro de energía a largo plazo celebrado con otra empresa del sector. Inicialmente, el tribunal de primera instancia declaró improcedente la acción, al considerar que la administración del sistema de intercambios comerciales no estaba obligada a registrar la terminación contractual sin analizar el fondo del asunto, dado que se trataba de un contrato mercantil de derecho privado. Sin embargo, en segunda instancia, la Sala revocó esa decisión y ordenó a la entidad administradora del sistema registrar la terminación del contrato conforme a las resoluciones aplicables, dado que existe un mandato normativo imperativo que así lo exige.

Solicitud de adición y fundamentos

Posteriormente, la empresa prestadora de servicios públicos solicitó la adición de la sentencia, argumentando que: - La terminación unilateral del contrato debe ajustarse a la ley, actos administrativos y cláusulas contractuales. - La entidad administradora debe valorar y eventualmente rechazar la solicitud si es irregular. - Se advierta sobre la responsabilidad de la solicitante por daños derivados de la terminación unilateral. - Que la orden judicial se limite estrictamente al cumplimiento de las resoluciones invocadas. La parte actora en el proceso pidió rechazar esta solicitud, señalando que la petición pretendía modificar el alcance de la decisión.

Consideraciones de la Sala

El Consejo de Estado recordó que el recurso de adición está destinado únicamente a incluir aspectos omitidos en la sentencia, no a modificar su sentido, alcance...