El Consejo de Estado, mediante providencia del 2 de mayo de 2025, resolvió la impugnación presentada contra la declaratoria de improcedencia de un habeas corpus. El accionante alegaba la prolongación ilegal de su libertad, señalando irregularidades en la captura y en la falta de lectura de derechos.

Antecedentes procesales y actuaciones

El caso involucra dos procesos penales: uno finalizado y otro vigente. El primero se originó en 2017 por un delito de hurto calificado agravado, que culminó con condena a 40 meses de prisión, posteriormente sustituida por prisión domiciliaria tras cumplimiento de pena. El tribunal de segunda instancia reconoció que el condenado había cumplido la pena principal y ordenó su libertad inmediata en caso de estar privado de la libertad. El segundo proceso, también iniciado en 2017, estaba relacionado con delitos graves y contaba con varias órdenes de captura vigentes, la última expedida en agosto de 2024. La captura del accionante en 2025 se fundamentó en esta orden vigente, y fue legalizada por el juez de control de garantías. Durante el trámite judicial, diversos entes jurisdiccionales y administrativos informaron que no existían violaciones a las garantías procesales ni inconsistencias en la privación de la libertad. En particular, se confirmó que la captura se realizó conforme a orden judicial vigente y que el proceso penal seguía su curso normal.

Consideraciones jurídicas

El Consejo de Estado recordó que el habeas corpus es un derecho fundamental destinado a proteger la libertad personal frente a privaciones ilegales o prolongaciones indebidas. Sin embargo, este mecanismo es excepcional y no...