Antecedentes del caso

El 29 de octubre de 2018, la Procuraduría General de la Nación interpuso una acción de protección de derechos e intereses colectivos contra diversas autoridades ambientales y administrativas, así como contra empresas vinculadas, por presuntas vulneraciones al derecho colectivo al goce de un ambiente sano en la bahía de Santa Marta. La demanda señalaba prácticas perjudiciales como el vertimiento de aguas residuales sin tratamiento adecuado, actividades que alteran el equilibrio ecológico y manejo deficiente de residuos sólidos y líquidos. El Tribunal Administrativo de Magdalena, mediante sentencia del 15 de mayo de 2024, amparó el derecho colectivo al ambiente sano bajo el principio de precaución y ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizar estudios sobre la calidad del agua y contaminación en la bahía. Además, se dispuso la elaboración conjunta de estudios en cada estación climática para evaluar posibles afectaciones ambientales y a la salud pública. También se ordenó la adopción de un Plan Maestro de Reestructuración con programas específicos para prevención, rehabilitación, conservación y educación, y la constitución de un Comité Ambiental para supervisar su cumplimiento.

Admisión y rechazo de recursos de apelación

Posteriormente, algunas entidades, entre ellas la autoridad ambiental regional y la Dirección General Marítima, presentaron recursos de apelación contra la sentencia. El juez de primera instancia admitió oportunamente estos recursos, mientras que rechazó por extemporáneo el recurso presentado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El Consejo de Estado confirmó este rechazo debido a que el recurso del Ministerio fue presentado después del horario judicial habilitado, según los términos establecidos en el Código General del Proceso...