Contexto y antecedentes del caso

Una IPS del departamento del Magdalena presentó una acción de cumplimiento contra la ADRES, solicitando que se ordenara a esta entidad realizar la auditoría integral de las reclamaciones por la prestación de servicios de salud correspondientes a los meses de marzo a septiembre de 2023. Estas reclamaciones están relacionadas, entre otros aspectos, con la atención a víctimas de accidentes de tránsito con vehículos sin póliza SOAT, cuyas indemnizaciones deben ser cubiertas por los recursos administrados por la ADRES. La IPS argumentó que la ADRES había incumplido el plazo máximo de dos meses para auditar dichas reclamaciones, establecido en el artículo 2.6.1.4.3.12 del Decreto 780 de 2016 y el artículo 17 de la Resolución 1645 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social. Ante la falta de respuesta, la IPS constituyó la renuencia de la entidad y promovió la acción judicial correspondiente.

Decisiones judiciales y fundamentos

El Tribunal Administrativo del Magdalena accedió inicialmente a las pretensiones de la demanda y ordenó a la ADRES realizar la auditoría en un plazo de 15 días. Sin embargo, la entidad demandada presentó recurso de impugnación, argumentando, entre otros puntos, que el término concedido era insuficiente para la labor requerida y señalando errores en la identificación de la parte actora en la sentencia. La Sala Quinta del Consejo de Estado, competente para resolver la impugnación, confirmó la procedencia de la acción de cumplimiento, al considerar acreditada la constitución en renuencia por parte de la IPS y la existencia de un mandato imperativo para que la ADRES realice la auditoría integral en los tiempos establecidos...