Antecedentes y contexto del caso

La controversia se originó por la importación temporal a largo plazo de mercancías en arrendamiento financiero, para la cual se estableció el pago de tributos aduaneros en cuotas semestrales durante cinco años. La compañía aseguradora, responsable de garantizar el cumplimiento de estas obligaciones mediante pólizas, impugnó las resoluciones administrativas que ordenaron hacer efectivas dichas garantías, alegando prescripción de la acción y violación de sus derechos al no ser informada oportunamente sobre incumplimientos.

Marco normativo aplicable

El régimen de importación temporal a largo plazo se regula principalmente por los artículos 142 a 153 del Decreto 2685 de 1999 y el Decreto 2492 de 1999, que establecen las condiciones para el pago de tributos en cuotas y las garantías exigidas. En particular, el artículo 153 señala que cuando la duración del contrato de arrendamiento supera cinco años, debe pagarse el saldo de tributos no cancelados al finalizar el quinto año.

Análisis de la Sala sobre la prescripción y obligaciones de la administración

La Sala determinó que el incumplimiento del pago de tributos se configura al vencimiento del régimen autorizado, es decir, al cabo de los cinco años, momento desde el cual comienza a correr el término de prescripción de dos años previsto en el artículo 1081 del Código de Comercio para acciones derivadas de contratos de seguro. Por lo tanto, las resoluciones que ordenaron hacer efectivas las garantías fueron expedidas dentro del término legal. Asimismo, se concluyó que la administración no estaba obligada a informar previamente al asegurador sobre el incumplimiento del importador antes de que se consumara el siniestro, dado que no existía conocimiento de tal incumplimiento. De este modo, no se configuró agravación del riesgo ni violación de derechos de defensa, debido proceso o principio de legalidad.

Decisión final y consecuencias

El Consejo de Estado confirmó la sentencia de primera instancia que avaló la legalidad de las resoluciones administrativas en cuestión, y no impuso condena en costas. Además, se ratificó que las pólizas de seguro estaban vigentes para cubrir el incumplimiento al momento de la ocurrencia del siniestro. Esta decisión establece un precedente importante para la interpretación del régimen de importación temporal y la ejecución de garantías mediante pólizas de seguro, clarificando el cómputo del término de prescripción y las obligaciones de la administración en cuanto a la comunicación con las aseguradoras. Así, se fortalece la seguridad jurídica en la aplicación de estos mecanismos, garantizando el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias y la protección de los intereses tanto del Estado como de las aseguradoras involucradas.

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Consejo de Estado confirma legalidad en caso de prescripción de acciones derivadas de seguro de cumplimiento en importación temporal

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