El caso se originó con una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que buscaba el reconocimiento de diferencias salariales derivadas de la bonificación por compensación, regulada en el Decreto 610 de 1998, para un magistrado de la Sala Penal de un Tribunal Superior. La demanda cuestionaba la Resolución 2952 de 2010, que negó este reconocimiento. El Tribunal Administrativo correspondiente declaró la nulidad del acto administrativo y ordenó el pago de las diferencias salariales, tomando como referencia el 80 % del ingreso de los magistrados de altas cortes. Sin embargo, la entidad dem ...