Antecedentes del caso

El proceso disciplinario se originó a partir de una queja presentada contra el titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de Segovia, relacionada con presuntas irregularidades en la tramitación de un proceso ejecutivo laboral que involucraba el embargo y secuestro de un establecimiento de comercio dedicado a la extracción minera. La queja cuestionaba que el juez, antes de decretar la medida cautelar, habría exigido a la parte ejecutante la designación de una persona jurídica idónea para ejercer como secuestre, cuando esta obligación correspondería al despacho judicial. Se alegaba que esta exigencia podría vulnerar derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

Decisión en primera instancia

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia ordenó terminar la actuación disciplinaria, concluyendo que el juez no incurrió en falta. Argumentó que el juez, al no encontrar en la lista oficial de Auxiliares de la Justicia a un secuestre idóneo, solicitó la colaboración de la parte demandante para designar a una persona que cumpliera los requisitos legales. Además, resaltó que dicha solicitud no fue impugnada mediante recurso alguno y que el apoderado aportó una propuesta, aunque esta no cumplía totalmente los requisitos formales. La comisión destacó el principio de autonomía funcional de los jueces, señalando que no hubo extralimitación ni incumplimiento de deberes.

Recurso de apelación y análisis de la Comisión Nacional

El representante del Ministerio Público interpuso recurso de apelación, argumentando que la exigencia impuesta a la parte ejecutante no estaba prevista en la normativa aplicable y que podría haber generado dilaciones injustificadas en el proceso. Además, señaló que la decisión de primera instancia...