Hechos y antecedentes del caso

El proceso disciplinario se originó por la queja presentada por un ciudadano que solicitó la investigación del abogado encargado de representarlo en un proceso laboral contra la entidad administradora de pensiones. El contrato establecía que el profesional recibiría el 50% de los valores obtenidos en el proceso como honorarios. El abogado presentó una acción de tutela y una demanda laboral, logrando un fallo favorable que ordenó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez y un retroactivo pensional por un monto total de $116.000.000. El profesional retiró el dinero correspondiente a este título judicial y, según la queja, no entregó al cliente la parte que le correspondía, equivalente a $58.000.000. Durante la investigación, el abogado no compareció en varias audiencias y fue representado por defensores de oficio designados por la Comisión. Se decretaron pruebas que confirmaron la recepción del dinero por parte del profesional y la falta de entrega al cliente.

Fundamentos jurídicos y decisión de primera instancia

El abogado fue acusado por la presunta comisión de faltas disciplinarias relacionadas con la falta de entrega oportuna de dineros recibidos en virtud de la gestión profesional (artículo 35 numeral 4 de la Ley 1123 de 2007) y la infracción del deber de lealtad y honradez (artículo 28 numeral 8 de la misma ley). La Comisión Seccional de Disciplina Judicial consideró probado que el profesional recibió y cobró el título judicial, pero no entregó la parte correspondiente al cliente ni informó sobre esta situación. La conducta fue calificada como dolosa, generando un perjuicio económico y afectando derechos fundamentales, como el derecho a...