Antecedentes del caso y actuación disciplinaria

El proceso disciplinario se originó a partir de una queja presentada contra un abogado, quien fue contratado para representar a un cliente en un proceso civil relacionado con la resolución de un contrato de permuta sobre un inmueble. Posteriormente, sin consentimiento del cliente original, el abogado representó a la excompañera permanente de este en procesos policivos y civiles relacionados con el mismo inmueble, buscando la restitución de la posesión del bien. Además, se constató que el profesional accedió y ejerció actos de posesión sobre el inmueble durante el litigio, incluyendo la gestión de pagos de servicios públicos y cuotas de administración. Durante la investigación, el disciplinable negó las acusaciones, alegando que las conductas atribuidas no eran competencia de la jurisdicción disciplinaria sino de instancias penales o civiles, y que las pruebas presentadas, como grabaciones y mensajes de WhatsApp, fueron obtenidas sin su consentimiento.

Decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en revisión del recurso de apelación interpuesto por el abogado, confirmó la decisión de primera instancia que declaró la responsabilidad disciplinaria. Se consideró que el abogado vulneró los deberes establecidos en los numerales 6º y 8º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, incurriendo en las faltas previstas en el literal e) del artículo 34 y el numeral 7º del artículo 33 de la misma ley, a título de dolo. Se determinó que el abogado representó intereses contrapuestos de manera sucesiva, primero asesorando y patrocinando a un cliente en un proceso civil, y luego representando a la excompañera permanente del...