Contexto del caso y antecedentes

El proceso disciplinario se originó por la queja interpuesta por un cliente contra un abogado, quien fue contratado para realizar trámites administrativos y judiciales relacionados con la liquidación de una sociedad. El cliente alegó falta de gestión y ocultamiento de información relevante, como la disolución previa de la sociedad, lo que motivó la revocación del poder y la presentación de la queja. Durante las audiencias, el abogado defendió su actuación argumentando que mantuvo informado al cliente mediante correos electrónicos y que la falta de avances se debió, en parte, a la negativa de las otras socias para avanzar en una liquidación conjunta. Asimismo, explicó que existía una cláusula compromisoria para resolver conflictos ante un tribunal de arbitramento, que no se pudo activar por razones ajenas.

Decisión sobre la solicitud de prueba

En la etapa de pruebas y calificación provisional, el magistrado instructor negó la solicitud de pruebas que pretendían solicitar certificaciones a juzgados para evidenciar el carácter conflictivo del quejoso y el tiempo promedio para resolver recursos de apelación. Se consideró que estas pruebas no eran pertinentes ni conducentes para esclarecer los hechos materia de la investigación disciplinaria. El recurso de apelación interpuesto por la defensa del abogado fue analizado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que confirmó la decisión inicial. La Comisión fundamentó su fallo en los principios de conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba establecidos en la Ley 1123 de 2007, así como en la jurisprudencia constitucional y de la Corte Suprema de Justicia.

Criterios jurídicos aplicados

La Comisión destacó que la carga de la prueba corresponde al...