El caso se originó a partir de una investigación disciplinaria ordenada por un juzgado administrativo, luego de que el abogado en cuestión presentara una acción de tutela y, tras requerirse la subsanación mediante la presentación del poder otorgado por su representada, realizara una llamada telefónica al despacho judicial. Durante esta comunicación, que fue puesta en altavoz, el abogado manifestó expresiones despectivas hacia los empleados, calificándolos de "brutos" y señalando que les enviaría "plastilina para que entendieran las cosas".

Proceso disciplinario y pruebas

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial abrió el proceso disciplinario, notificó al profesional y recogió pruebas, incluyendo testimonios del secretario del juzgado y del oficial mayor, quienes confirmaron los hechos. El abogado reconoció haber realizado las expresiones, pero argumentó que eran exclamaciones sin intención dirigida contra los funcionarios.

Decisión en primera instancia

En primera instancia, se declaró la responsabilidad disciplinaria del abogado por infringir el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, que sanciona las faltas contra el respeto debido a la administración de justicia, y el deber profesional previsto en el artículo 28 numeral 7 de la misma norma, relativo a mantener mesura, seriedad, ponderación y respeto en las relaciones profesionales.

Confirmación de la sanción por la Comisión Nacional

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en su revisión, confirmó la sanción de censura, sustentando que las expresiones emitidas evidenciaron un menoscabo de la honra de los servidores públicos y un incumplimiento doloso de los deberes profesionales. Se resaltó que la sanción cumple con los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, actuando como un mensaje preventivo para la profesión. La sanción empezó a regir...