Contexto del proceso disciplinario

La investigación disciplinaria se originó por la no comparecencia reiterada de la abogada a audiencias programadas en un proceso penal en el que actuaba como defensora de confianza. Durante la indagación, se incluyeron presuntas conductas relacionadas con el uso de documentos falsos y el posible patrocinio del ejercicio ilegal de la profesión por parte de un abogado suspendido. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial adelantó la investigación y formuló cargos contra la profesional por supuestas infracciones a los deberes establecidos en la Ley de Ética Profesional, incluyendo la colaboración leal en la administración de justicia, el uso de pruebas falsas y el patrocinio del ejercicio ilegal de la abogacía.

Desarrollo procesal y solicitudes probatorias

En las audiencias de pruebas y calificación provisional, la defensa solicitó la práctica de diversas pruebas, entre ellas una pericial informática para verificar la autoría de correos electrónicos usados para solicitar aplazamientos y la tacha de falsedad de documentos presentados como incapacidades médicas. La Comisión Seccional negó la práctica de la prueba pericial por falta de especificidad en cuanto al equipo a inspeccionar y consideró que no aportaría elementos nuevos para esclarecer los hechos. Asimismo, rechazó la tacha de falsedad por presentarse de forma extemporánea y porque la normativa disciplinaria no contempla expresamente esta figura.

Decisión de segunda instancia

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en segunda instancia, confirmó la negación de las pruebas solicitadas, argumentando que las mismas eran impertinentes e inconducentes para el análisis del caso. Además, rechazó por improcedente el recurso de apelación contra la decisión que negó la tacha de falsedad, basándose en la regulación...