El caso tiene su origen en una compulsa de copias presentada por un juzgado civil contra una profesional del derecho que presuntamente aportó una incapacidad médica falsa para justificar su inasistencia a una audiencia pública. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá declaró inicialmente responsable a la abogada por inobservancia de deberes y falta contemplada en la Ley 1123 de 2007, imponiéndole una sanción de suspensión en el ejercicio profesional por dos años. En primera instancia, se consideró probado que la abogada presentó una excusa médica espuria para justificar su ausencia a una diligencia judicial, incumpliendo así el deber de colaborar leal y legalmente en el cumplimiento de la justicia. La sanción fue aplicada a título de dolo, dado que la conducta fue voluntaria y consciente. Además, se tuvo en cuenta la confesión de la falta y la ausencia de antecedentes disciplinarios. Sin embargo, la apelación presentada solicitó revisar la proporcionalidad de la sanción y la correcta aplicación de los criterios de graduación establecidos en la ley. Tras el análisis, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial determinó la existencia de una nulidad que afecta el debido proceso y vulnera el derecho de defensa de la investigada, por las siguientes razones:

Vulneración del derecho a no autoincriminarse y confusión entre versión libre y confesión

Durante la audiencia de pruebas y calificación provisional, la abogada presentó una declaración que fue tratada como confesión de la falta. No obstante, el magistrado instructor no informó ni advirtió sobre el derecho constitucional a no declarar contra sí misma, previsto en el artículo 33 de la Constitución Política, ni...