El proceso disciplinario se originó a partir de una queja presentada por dos clientas contra un abogado, quien fue contratado para gestionar la sucesión de un vehículo y recuperar bienes que presuntamente fueron apropiados ilegalmente por terceros. Las clientas alegaron que el abogado solicitó un pago de quince millones de pesos para adelantar un trámite penal y contratar peritos, pero posteriormente no dio seguimiento ni mantuvo comunicación efectiva. Durante la etapa de investigación y calificación provisional, se estableció que el abogado se encontraba inscrito y habilitado para el ejercic ...