El caso se originó a partir de una queja que denunció un posible conflicto de intereses en la actuación profesional del abogado investigado, quien habría representado simultáneamente al exgobernador de un departamento y a la administración departamental durante el período 2020-2021. La queja señaló que estas actividades podrían haber generado incompatibilidades en el ejercicio profesional, basándose en contratos y vínculos contractuales con la Gobernación. Durante la audiencia de pruebas y calificación provisional del 1 de marzo de 2024, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander negó diversas pruebas solicitadas por la defensa, calificándolas de impertinentes, inconducentes y superfluas. En respuesta, la defensa interpuso recurso de apelación contra dicha negativa. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en su función de segunda instancia, analizó los argumentos de la apelación y decidió modificar la decisión inicial en aspectos cruciales. En primer lugar, concedió el decreto de la prueba documental consistente en un dictamen pericial solicitado para acreditar un presunto hackeo en el dominio electrónico del abogado investigado, dado que esta evidencia podría afectar la valoración de su conducta profesional y el cumplimiento contractual. En segundo lugar, la Comisión autorizó las pruebas testimoniales de funcionarios vinculados a la supervisión y ejecución de los contratos con la Gobernación, quienes pueden aportar información directa sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la gestión del abogado. Igualmente, se concedió el decreto de testimonios de fiscales que tuvieron contacto con los procesos judiciales en los que el abogado actuó, para evaluar la efectividad y diligencia en la representación. Por otro lado, se confirmó la negativa de testimonios relacionados con aspectos...