Antecedentes del caso

La actuación disciplinaria se originó a partir de una queja presentada contra dos abogados de una firma privada, quienes fueron contratados para representar a un cliente en un proceso declarativo verbal relacionado con una sociedad de hecho. El denunciante recibió citaciones judiciales en su contra, lo que le generó sospechas y llevó a la presentación de la queja. Posteriormente, se descubrió que no se realizaron actuaciones procesales adicionales, y que la demanda no fue contestada ni se propusieron excepciones, lo que motivó la apertura del proceso disciplinario.

Investigación y procedimiento

Durante el proceso disciplinario, se practicaron diversas pruebas, entre ellas copia del expediente judicial, actuaciones penales contra uno de los investigados por estafa, y testimonios de los involucrados. Se constató que un profesional con licencia temporal para ejercer la abogacía actuó inicialmente asesorando al cliente y gestionando la contratación de un abogado titulado para contestar la demanda. El abogado sancionado recibió honorarios por la contestación y presentación de recursos legales, y posteriormente renunció al mandato. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Tolima sancionó inicialmente al abogado con suspensión por dos meses, por incurrir en falta al utilizar intermediarios para obtener poderes y participar en honorarios con quienes lo recomendaron, conducta tipificada en la Ley 1123 de 2007.

Apelación y análisis de la Comisión Nacional

Tanto el abogado como su defensora de oficio apelaron la decisión, argumentando que el profesional con licencia temporal no era un tercero ajeno, sino un coapoderado reconocido judicialmente, lo que descarta la figura de intermediación irregular. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial analizó la normativa aplicable, destacando que la...