Régimen jurídico y conformación de las empresas oficiales

Las empresas de servicios públicos domiciliarios oficiales son sociedades anónimas cuyo capital es 100 % público, constituidas bajo las normas del Derecho privado y sujetas a la Ley 142 de 1994 y la Ley 489 de 1998. La dirección y administración deben ajustarse a las formas societarias previstas, donde la junta directiva juega un papel clave. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, los miembros de la junta directiva en empresas oficiales del orden nacional, departamental o municipal serán designados por el Presidente de la República, gobernador o alcalde, respectivamente. En las empresas municipales, dos terceras partes de los miembros son designados libremente por el alcalde y la tercera parte restante es escogida entre vocales de control.

Elección y abstención en el voto

Se establece que los socios pueden abstenerse voluntariamente de votar en la elección de los miembros de la junta directiva, siempre que estén legalmente habilitados para hacerlo. Esta abstención no afecta el quórum decisorio ni modifica las mayorías necesarias para adoptar decisiones. En contraste, la abstención derivada de inhabilidades legales sí afecta la conformación del quórum. La interpretación jurídica señala que la abstención es el ejercicio del derecho a no emitir voto, sin que ello implique una afectación al proceso electoral interno de la empresa.

Inhabilidades e incompatibilidades aplicables

Se detallan las causales de inhabilidad e incompatibilidad para participar en la administración y votación en las empresas oficiales, que incluyen: - Prohibición para empleados y representantes legales de las prestadoras de servicios públicos domiciliarios y sus vinculados económicos de participar en decisiones de la Superintendencia y Comisiones de Regulación. - Restricciones para quienes hayan sido empleados de dichas entidades, sus cónyuges o familiares dentro de determinados grados de consanguinidad y afinidad. - Limitaciones para funcionarios de elección popular y servidores públicos en cuanto a la posesión de acciones y participación en la administración de estas empresas. Estas medidas buscan evitar conflictos de interés y asegurar la independencia en la gestión de las empresas públicas.

Aplicación práctica y recomendaciones

La Superintendencia aclara que la conformación de la junta directiva debe respetar lo previsto en la ley y que ninguna modificación estatutaria puede contravenir este mandato. Además, se recomienda que los estatutos de las empresas definan claramente el procedimiento para tratar conflictos de interés y las causas de impedimento o recusación. Finalmente, se señala que la entidad no tiene competencia para pronunciarse sobre decisiones particulares adoptadas por las empresas o sus órganos directivos, limitándose a ofrecer una interpretación jurídica general.

Acceso a información y normativa

Se invita a los interesados a consultar la compilación jurídica y los conceptos emitidos por la Superintendencia en el sitio web oficial: https://www.superservicios.gov.co/Normativa/Compilacion-juridica-del-sector, donde se encuentran normas, jurisprudencia y doctrina relacionada con los servicios públicos domiciliarios.

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Regulación sobre la elección de junta directiva y régimen de inhabilidades en empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios

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