Marco constitucional y legal

La Superservicios recuerda que la Constitución Política garantiza la libertad de competencia económica y la iniciativa privada en la prestación de servicios públicos domiciliarios, sin requerir permisos previos ni requisitos que no estén establecidos por la ley. Sin embargo, esta libertad está limitada por el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. Los artículos 10 y 22 de la Ley 142 de 1994 establecen el derecho de todas las personas a organizar y operar empresas dedicadas a la prestación de estos servicios, sin necesidad de permisos para desarrollar su objeto social, pero sí la obligación de obtener las concesiones, permisos y licencias según la naturaleza de sus actividades.

Libertad de entrada y limitaciones

Un prestador puede operar en cualquier parte del territorio nacional sin autorización especial previa ni obligación de informar a otros prestadores. Cuando existen varios prestadores en una misma área de prestación de servicio (APS), deben evitar prácticas anticompetitivas, permitiendo a los usuarios elegir libremente. No obstante, la Ley 142 de 1994 contempla la posibilidad de establecer áreas de servicio exclusivo (ASE) por motivos de interés social para garantizar la cobertura a personas de menores ingresos. En estas zonas, la libre entrada de prestadores puede ser restringida temporalmente, lo que limita la libre escogencia de los usuarios mientras dure el ASE.

Derecho de los usuarios y contratos de servicios

Los usuarios tienen derecho a la libre elección del prestador del servicio y del proveedor de los bienes necesarios para su uso, salvo en áreas donde exista un ASE. Este derecho incluye la facultad de solicitar la terminación anticipada del contrato para cambiar de prestador, conforme a los requisitos legales. El contrato de servicios públicos se perfecciona cuando el prestador define las condiciones uniformes, el usuario solicita el servicio y el inmueble cumple con las condiciones técnicas. Además, la vinculación como usuario en servicios de acueducto y alcantarillado es obligatoria cuando haya disponibilidad, salvo que se demuestre la existencia de alternativas que no perjudiquen a la comunidad.

Responsabilidades de los prestadores y facturación

Un prestador puede prestar servicios en cualquier lugar sin autorización previa, pero solo podrá facturar a los usuarios con quienes haya celebrado contrato. La facturación por parte de prestadores sin contrato es una vulneración al régimen jurídico y puede ser sancionada. En caso de que un único prestador tenga el APS habilitada para un sector, está obligado a prestar el servicio sin necesidad de un proceso previo de afiliación individual, dada la naturaleza esencial del servicio y la obligación de cobertura universal. Si hay múltiples prestadores, los usuarios pueden elegir a cuál afiliarse.

Conclusión

Este concepto de la Superservicios reafirma el equilibrio entre la libertad económica y la protección del interés social en los servicios públicos domiciliarios. La libertad de entrada y la libre escogencia son derechos fundamentales, pero sujetos a limitaciones legales para garantizar la cobertura y la calidad del servicio a todos los habitantes.

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Superservicios aclara la libertad de entrada y la libre escogencia en los servicios públicos domiciliarios

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