Antecedentes del caso

La demanda fue interpuesta contra el Ministerio de Educación y el FOMAG, solicitando el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en las Leyes 1071 de 2006 y 1955 de 2019, por el supuesto incumplimiento en el pago oportuno de las cesantías parciales de una docente. La actora alegó que la solicitud de pago fue presentada el 16 de junio de 2022, y que la entidad demandada no respondió la petición dentro de los plazos legales, generando mora. Por su parte, las entidades demandadas argumentaron que el pago se realizó dentro de los términos establecidos y que no existió obligación de pago de sanción moratoria a cargo del FOMAG, señalando que la responsabilidad podría recaer en la entidad territorial. También se presentaron excepciones procesales, incluyendo inexistencia de obligación y falta de legitimación en la causa.

Marco normativo y jurisprudencial

El fallo se fundamenta en el análisis de varias normas, principalmente la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006, que establecen los términos para el reconocimiento y pago de cesantías y la aplicación de sanciones por mora. Según la ley, la entidad empleadora debe expedir la resolución que reconozca las cesantías dentro de los quince días hábiles siguientes a la presentación completa de la solicitud, y realizar el pago dentro de los cuarenta y cinco días hábiles posteriores a la ejecutoria del acto administrativo. El Consejo de Estado unificó jurisprudencia en cuanto a la sanción moratoria para docentes afiliados al FOMAG, señalando que la responsabilidad en caso de mora puede recaer tanto en el Fondo como en las entidades territoriales, dependiendo de la etapa del trámite en la que se haya generado el retardo. Además, el Decreto 942 de 2022 reglamenta el procedimiento detallado para la gestión, reconocimiento y pago de cesantías por parte de las entidades territoriales certificadas en educación y la sociedad fiduciaria administradora del FOMAG, estableciendo responsabilidades compartidas para el pago de la sanción moratoria según corresponda.

Análisis del caso concreto

La Sala determinó que la solicitud de reconocimiento de cesantías fue presentada en debida forma el 28 de julio de 2022, fecha a partir de la cual comenzaron a contar los términos legales para resolver y pagar. El acto administrativo que reconoció las cesantías parciales fue expedido el 2 de agosto de 2022, dentro del plazo de quince días hábiles, y el pago se efectuó el 23 de agosto de 2022, antes de que venciera el término máximo de pago. Aunque no se aportó constancia de la notificación del acto administrativo, el análisis de plazos según la jurisprudencia vigente permitió concluir que no hubo retraso en el pago que genere mora. Por tanto, no se configuró la obligación de pago de sanción moratoria a cargo del FOMAG ni de la entidad territorial.

Decisión y consecuencias

La Sala Segunda del Tribunal Administrativo de Sucre confirmó la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas, en aplicación de los principios de buena fe y confianza legítima. Este fallo reafirma la correcta aplicación de la normatividad vigente para el reconocimiento y pago de cesantías parciales a docentes afiliados al FOMAG, así como el alcance de la responsabilidad en caso de mora, que debe asignarse conforme a la etapa del trámite en que se produzca el retraso. En adelante, las entidades encargadas deben continuar observando rigurosamente los términos establecidos para evitar la generación de sanciones moratorias, y los docentes tienen claridad sobre los procedimientos y plazos para el reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales. Así, se fortalece la confianza en los mecanismos de protección social destinados al magisterio colombiano, garantizando el respeto a sus derechos laborales y la eficiencia en la gestión administrativa.

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Consejo de Estado confirma que no hubo mora en pago de cesantías parciales de docente afiliada al FOMAG

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