La controversia surge a partir de un proceso penal en el que se impusieron condenas por delitos relacionados con invasión de tierras y constreñimiento ilegal. La sentencia condenatoria de primera instancia fue apelada y, posteriormente, revocada por el Tribunal Superior, que decretó la prescripción de la acción penal y ordenó la preclusión del proceso.

Antecedentes y pretensiones

Los demandantes solicitaron que se declarara la responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado, representado por la Rama Judicial y la Fiscalía General, por los perjuicios derivados del fallo judic ...