El caso se originó tras un incidente ocurrido el 23 de octubre de 2019, cuando un camión que transportaba materiales para una obra pública rompió cables de conducción eléctrica en una zona cercana a un establecimiento comercial. El propietario del local reclamó daños materiales, como la quema de un computador y un aire acondicionado, además de perjuicios por lucro cesante debido a la interrupción del servicio que ofrecía. El contrato de obra pública había sido celebrado entre una entidad pública y un consorcio encargado de la reconstrucción de vías y andenes en la ciudad. Sin embargo, durante el proceso judicial, las partes demandadas —incluyendo el municipio y las empresas contratistas— negaron responsabilidad, argumentando falta de nexo causal, ausencia de daño probado y cumplimiento de los requisitos legales para la defensa.

Decisión en primera instancia

La sentencia de primera instancia consideró que no se acreditó el daño antijurídico debido a la falta de prueba técnica o documental que demostrara la pérdida o deterioro de los bienes reclamados. Además, se destacó que las afirmaciones del demandante no estaban respaldadas con evidencia suficiente para establecer la cuantificación del perjuicio.

Confirmación en segunda instancia

En segunda instancia, el Tribunal Administrativo confirmó esta posición. Señaló que, conforme al artículo 90 de la Constitución Nacional, para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado es indispensable la demostración clara y precisa de un daño cierto, real y antijurídico. En este sentido, el tribunal resaltó que la carga de la prueba recae en quien alega el daño, y que no basta con meras conjeturas o afirmaciones sin soporte probatorio. Asimismo, el tribunal aclaró que la...