Antecedentes y objeto del proceso

El tribunal conoció un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra el Departamento del Cesar y otros, en el que se impugnaron los actos administrativos emitidos en un proceso de responsabilidad fiscal por el presunto daño patrimonial ocasionado al municipio de Aguachica con la entrega de un inmueble para un proyecto de reubicación de vendedores ambulantes y microempresarios. El bien inmueble, adquirido en 1991 para implementar el "Mercado Campesino", fue cedido mediante convenio de asociación a una fundación sin ánimo de lucro para la construcción de un centro comercial. Debido a incumplimientos, el convenio fue cedido a un particular, quien terminó comercializando la mayoría de los locales, sin que el municipio recuperara el control del proyecto.

Fundamentos jurídicos y valoración de la conducta

El tribunal recordó que la responsabilidad fiscal exige tres elementos: conducta dolosa o gravemente culposa del gestor fiscal, daño patrimonial cierto y cuantificable, y nexo causal entre ambos. En este caso, la ex alcaldesa, durante su periodo, fue considerada gestora fiscal y responsable de la gestión del patrimonio público, incluyendo la contratación y manejo de recursos para el proyecto social. Se determinó que la utilización de la figura del convenio de asociación con una fundación sin ánimo de lucro para un proyecto de construcción que terminó beneficiando a particulares no fue la adecuada ni eficiente, incumpliendo principios de contratación pública y gestión fiscal. El tribunal encontró que la entrega del inmueble como aporte, la falta de idoneidad y experiencia de la fundación para ejecutar la obra, la cesión posterior del convenio a un particular...