La controversia surgió a partir de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP). La demanda cuestionaba resoluciones administrativas que modificaron aportes por pagar a los subsistemas de salud y pensión, así como la imposición de sanciones por inexactitud en liquidaciones fiscales. Inicialmente, el juzgado administrativo del circuito de una ciudad del Eje Cafetero admitió la demanda y adelantó varias etapas procesales. Sin embargo, posteriormente declaró su falta de jurisdicción para conocer del caso, argumentando que, según el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la competencia correspondería a la jurisdicción laboral. Por su parte, el juzgado laboral competente en la capital también se declaró incompetente, basándose en jurisprudencia que atribuye a la jurisdicción contencioso administrativa la competencia para conocer controversias relacionadas con las actuaciones de la UGPP en materia de contribuciones parafiscales.

Conflicto negativo de competencia ante la Corte Constitucional

Ante esta divergencia, se presentó ante la Corte Constitucional un conflicto negativo de competencia entre las dos jurisdicciones. Para resolverlo, la Sala Plena verificó el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo que configuran un conflicto de jurisdicciones. Se constató que la controversia enfrentaba a dos autoridades judiciales de jurisdicciones distintas, que versaba sobre un proceso judicial concreto y que ambas partes expusieron razones legales para justificar su posición. Con base en el Auto 130 de 2022, que estableció la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de las controversias contra actuaciones de la UGPP en materia de contribuciones parafiscales, la Corte...