La acción de tutela fue presentada en noviembre de 2024 contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y el Ministerio de Defensa Nacional, buscando la protección de derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital, salud, vida digna y derecho de petición. La persona accionante alegó la terminación de su contrato laboral y solicitó el reintegro, así como el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir. Inicialmente, el Juzgado Laboral del Circuito de Ibagué declaró su falta de competencia y remitió el caso para reparto en Bogotá, basándose en el artículo 37 del Decreto ...