Contexto y planteamientos de la demanda

La demanda cuestionó parcialmente el artículo 1º de la Ley 180 de 1995, norma que modificó disposiciones sobre la Policía Nacional y creó la categoría “personal del Nivel Ejecutivo” dentro de la estructura jerárquica policial. El demandante alegó que esta categoría reemplazó y subsumió las denominaciones y grados tradicionales de suboficiales y agentes profesionales, vulnerando los derechos adquiridos consagrados en los artículos 58 y 220 de la Constitución Política. En particular, se señaló que dicha sustitución afectaría honores, pensiones y la estabilidad salarial de estos miembros policiales. Además, se denunció un régimen salarial discriminatorio, puesto que el nivel ejecutivo tendría asignaciones más elevadas que las categorías desplazadas, generando una pérdida patrimonial para suboficiales y agentes.

Trámite procesal y fundamentos del auto de rechazo

Inicialmente, el magistrado sustanciador inadmitió la demanda por incumplir los requisitos de claridad, certeza, especificidad y suficiencia en la argumentación. El auto destacó que la expresión “personal del Nivel Ejecutivo” no implicaba la desaparición ni sustitución de las categorías de suboficiales y agentes, ya que la ley preserva dichas categorías dentro de la Policía Nacional. También se señaló que las diferencias salariales respondían a criterios académicos y profesionales, y que la creación del nivel ejecutivo perseguía la profesionalización y estabilidad de la carrera policial, conforme a la Sentencia C-445 de 2011. Tras la subsanación de la demanda, el magistrado sustanciador rechazó la acción por persistir la falta de claridad y porque no se evidenciaba un verdadero cargo de inconstitucionalidad. Se aclaró que la potestad del Congreso para organizar la estructura y régimen de carrera policial...