Antecedentes del conflicto

En este caso, se presentó una acción de tutela contra la Agencia Nacional de Tierras, solicitando la protección de derechos fundamentales relacionados con el derecho de petición, al debido proceso, al trabajo y al mínimo vital. El proceso inició tras una petición para obtener copia auténtica de una resolución de adjudicación de un predio, sin que se hubiera recibido respuesta. Posteriormente, el Juzgado Promiscuo Municipal de Necoclí decidió remitir el caso para reparto a los jueces del circuito de Turbo, basándose en las reglas administrativas vigentes. El Juzgado Administrativo del Circuito de Turbo, tras recibir el expediente, decidió no conocer del caso y propuso un conflicto negativo de competencia, argumentando que las reglas de reparto no pueden determinar la competencia judicial y que se trataba de un conflicto aparente. El expediente fue remitido a la Corte Constitucional para su decisión.

Consideraciones jurídicas de la Corte Constitucional

La Corte recordó que la solución de conflictos de competencia en materia de tutela corresponde, en principio, a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, y que su propia competencia para conocer estos conflictos es residual y excepcional. Se establecen tres factores de asignación de competencia en tutela: territorial, subjetivo y funcional. Además, la Corte explicó que las reglas de reparto, como las contenidas en el Decreto 333 de 2021, son meras pautas administrativas para asignar expedientes y no pueden ser invocadas para rechazar competencia ni para plantear conflictos negativos. Cuando surge un conflicto debido a estas reglas, el expediente debe tramitarse ante la autoridad judicial que primero recibió el caso para garantizar la celeridad y efectividad en la protección de derechos fundamentales.

Decisión y efectos prácticos

La Sala Plena determinó que el Juzgado Promiscuo Municipal de Necoclí debe continuar con la tramitación del proceso de tutela, ya que fue la primera autoridad judicial a la que se asignó el caso. Se dejó sin efectos el auto que había remitido el expediente para reparto y se advirtió a dicho juzgado que no debe en el futuro invocar las reglas de reparto para negar competencia en casos de tutela. Con esta decisión, la Corte reafirma la importancia de evitar dilaciones en la administración de justicia y garantiza que las acciones de tutela se resuelvan con prontitud, respetando la naturaleza de este mecanismo como medio efectivo para la protección inmediata de derechos fundamentales.

Resumen comparativo

| Aspecto | Antecedente | Decisión de la Corte | |--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------| | Reglas de reparto | Invocadas para rechazar competencia | No pueden ser usadas para negar competencia | | Autoridad competente | Juzgado que remitió el caso | Mismo juzgado debe tramitar el caso | | Naturaleza del conflicto | Aparente, según juzgados | Confirmado como aparente, resuelto con prioridad para juzgado inicial | | Impacto en tutela | Riesgo de dilación y barreras | Garantiza celeridad y acceso efectivo a la justicia | Esta providencia establece un precedente importante para la administración de justicia en materia de tutela, asegurando que las reglas administrativas no obstaculicen la protección oportuna de los derechos fundamentales. Con ello, se fortalece el acceso efectivo a la justicia y se garantiza que los procesos de tutela cumplan con su finalidad principal: la protección inmediata de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

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La Corte Constitucional define reglas sobre conflictos aparentes de competencia en acciones de tutela

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