Antecedentes del caso

Dos ciudadanos, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, presentaron demandas contra el artículo 23 (parcial) de la Ley 1979 de 2019, que reconoce y otorga beneficios a los veteranos de la Fuerza Pública. En particular, cuestionaron que dicha norma establece un beneficio en la liquidación de la pensión de invalidez exclusivamente para soldados profesionales, excluyendo a los soldados voluntarios que desempeñaron funciones similares y enfrentaron riesgos equivalentes. Según los demandantes, esta exclusión vulnera los principios constitucionales de igualdad y seguridad social.

Procedimiento y argumentos procesales

Inicialmente, la magistrada sustanciadora inadmitió las demandas por falta de argumentación suficiente que justificara la competencia de la Corte. Aunque se reconoció claridad en los cargos, se encontró inconsistencia en las premisas, debido a que los demandantes señalaron simultáneamente que los soldados voluntarios fueron excluidos y que, desde 2003, pasaron automáticamente a la categoría de soldados profesionales. Además, no se desarrolló adecuadamente el test de igualdad requerido por la jurisprudencia constitucional. Posteriormente, los demandantes presentaron un escrito de subsanación en el que reiteraron sus argumentos y señalaron que, en la práctica administrativa, algunos pensionados figuraban aún como soldados voluntarios, quedando excluidos de los beneficios. Sin embargo, el auto que rechazó las demandas mantuvo la decisión inicial, señalando que la acción pública de inconstitucionalidad no es el medio para resolver situaciones administrativas particulares.

Recurso de súplica y decisión final

Los demandantes presentaron recurso de súplica solicitando la revocatoria del auto de rechazo. Alegaron que la decisión no valoró adecuadamente la realidad subyacente y que la exclusión afecta derechos constitucionales. Además, manifestaron que no todos los soldados voluntarios fueron recategorizados como profesionales, especialmente aquellos pensionados por invalidez al momento de la norma. La Sala Plena verificó que los recursos cumplieron con los requisitos formales de legitimación y oportunidad. Sin embargo, concluyó que no se cumplió con la carga argumentativa mínima requerida para habilitar el estudio de fondo, pues los recurrentes no aportaron fundamentos nuevos ni demostraron error, olvido o arbitrariedad en el auto impugnado. Además, se recordó que el recurso de súplica no es la vía para presentar explicaciones adicionales o para resolver casos particulares de aplicación administrativa. En consecuencia, la Corte Constitucional decidió rechazar los recursos de súplica por insuficiencia argumentativa y archivó el expediente, indicando que contra esta decisión no procede recurso alguno.

Implicaciones y conclusiones

Esta decisión reafirma la importancia de respetar los requisitos procesales en la acción pública de inconstitucionalidad, especialmente en cuanto a la carga argumentativa y la especificidad de los cargos. Asimismo, delimita el alcance del recurso de súplica como mecanismo para controvertir autos de rechazo, excluyendo la presentación de nuevos argumentos o la solución de situaciones particulares. Por último, destaca la necesidad de que quienes consideren afectados sus derechos en materia pensional exploren otras vías administrativas o judiciales para la defensa de sus intereses, garantizando así el acceso efectivo a la justicia y a la protección de sus derechos fundamentales.