Antecedentes y contexto de la decisión

La Corte Constitucional ha venido realizando un seguimiento riguroso a la situación de los pueblos indígenas en riesgo, especialmente tras la Sentencia T-025 de 2004. En este marco, se reconoció que comunidades como los pueblos Jiw y Nükak enfrentan un riesgo de exterminio debido al desplazamiento forzado, afectando su seguridad alimentaria, salud, educación y territorio. En 2012, se ordenaron medidas cautelares para proteger estos pueblos, incluyendo la elaboración de planes provisionales, proyectos etnoeducativos y protección territorial. En 2023, ante solicitudes de la Defensoría del Pueblo y líderes indígenas, se realizó una audiencia pública para evaluar el avance en la implementación de estas medidas. Antes de ello, la Sala Especial de Seguimiento efectuó una visita territorial para recolectar pruebas y dialogar con actores involucrados. Durante la audiencia, se abordaron temas como la implementación de medidas humanitarias, procesos de retorno y la situación de mujeres y niñas en riesgo.

Solicitudes y compromisos actuales

A partir de los informes y compromisos presentados por las entidades estatales responsables, la Corte constató la necesidad de obtener información adicional, especialmente sobre la situación actual de los 24 clanes que conforman el pueblo Nükak, muchos de los cuales se encuentran en lugares no visitados recientemente por la Defensoría del Pueblo. En consecuencia, la Sala Especial de Seguimiento solicita a las entidades gubernamentales que rindan informes actualizados sobre las respuestas institucionales brindadas, haciendo especial énfasis en el cumplimiento de las órdenes del Auto 173 de 2012 y los compromisos asumidos en la audiencia pública de 2023. Estos informes deben ser remitidos en un plazo de ocho días...